Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio, quien también citó a indagatoria a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos.
El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) y ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, deberá prestar declaración indagatoria el próximo 23 de junio a raíz de un presunto multimillonario perjuicio causado al Estado a raíz de subsidios al gas oil para el transporte público otorgados durante su gestión, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio, quien, en el marco del sumario penal que acumula varias denuncias, también citó a indagatoria a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (detenido en la causa que investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal que resultó inservible), Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos.
Por los mismos hechos, el magistrado citó a declarar como imputados a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Las indagatorias comenzarán dentro de dos semanas y concluirán con la de la fecha prevista para que De Vido ejerza su derecho de defensa.
En la causa se investigan presuntos ilícitos cometidos entre 2005 y 2012, cuando el Estado Nacional, a través de la CNRT, subsidió el gasoil para colectivos contra la entrega de una declaración jurada por parte de las empresas, en las que éstas consignaban cuántas unidades disponían para la prestación del servicio y la cantidad de pasajeros transportados.
Los subsidios siguieron hasta que, luego del choque del tren en la terminal Once, el 22 de febrero de 2012, que causó la muerte a 51 personas y a una por nacer, el área de Transporte pasó al entonces Ministerio del Interior que conducía Florencio Randazzo.
El sistema de tarjetas SUBE sirvió para brindar datos concretos sobre el número de pasajeros transportados por las empresas que recibían subsidios, lo que junto con otros elementos de prueba del sumario penal “como un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)- llevó a llamar a indagatoria a imputados.
Al referirse al “sistema de control para el proceso de liquidación y asignación de beneficios”, la AGN entendió que existieron “deficiencias y debilidades”.